La desconfianza de los ciudadanos en la democracia sigue siendo un tema que interpela en América Latina. La crisis sanitaria por la COVID-19 también ha hecho visibles sus efectos en el sistema político con la afectación del calendario electoral. Además de ello, la aprobación de Estados de excepción para enfrentar la pandemia podría llegar a afectar los derechos fundamentales de los seres humanos sujetos a jurisdicción de los Estados.
En este sentido, cuando hablamos de participación ciudadana en la realidad electoral nos referimos a la integración de la ciudadanía en los asuntos de interés público y podemos remarcar la existencia de los siguientes beneficios en esta actividad:
1. contribuye a un mejor funcionamiento de la democracia en tanto sistema político, pues hace posible una mayor legitimidad ante la ciudadanía;
2. democratiza la gestión pública y mejora su calidad, y
3. reconoce el derecho a la participación cívica en la formulación y ejecución de las políticas públicas.
Asimismo, hay que destacar que la democracia directa es definida como el conjunto de mecanismos que permiten la intervención de la ciudadanía en los asuntos de carácter público, es decir, que son los medios que los sistemas políticos habilitan a los ciudadanos a utilizar si quieren participar activamente en la democracia.
Tipos de Mecanismos de Democracia Directa
Los tipos de mecanismos de democracia directa son:
a. el plebiscito,
b. el referéndum,
c. la iniciativa legislativa popular,
d. la revocatoria de mandato.
En lo que respecta al marco normativo mexicano, los ciudadanos cuentan con el derecho a votar y ser votados, pero, además, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce como derecho de la ciudadanía el de asociarse individual y libremente para tomar parte, de forma pacífica, en los asuntos políticos del país; esto lo pueden hacer a través de varios mecanismos de democracia directa y de democracia participativa.
Por último, cabe destacar que la observación ciudadana, la cual cada día tiene mayor importancia en los regímenes electorales, se entiende como el proceso que hace posible que el observador recolecte y sistematice información sobre el comportamiento de los distintos actores en unas determinadas elecciones. Los observadores, que regularmente actúan a través de organizaciones de la sociedad civil, deben mantenerse autónomos respecto a los actores políticos que se disputan el poder y frente a las autoridades electorales. La independencia y la autonomía es una de las características fundamentales de la observación.
Derechos de las Personas Observadoras
Por su parte, se cuentan como derechos de las personas observadoras los siguientes:
a. ser debidamente acreditadas por los órganos electorales responsables de la administración del proceso electoral o mecanismo de participación ciudadana;
b. recibir información detallada sobre la campaña electoral o la llevada a cabo por los grupos que representan posiciones distintas en una consulta, plebiscito, referéndum o revocación de mandato, así como de su financiamiento;
c. observar las etapas y procedimientos que integran un proceso electoral, una consulta u organización de cualquier tipo de mdd llevados a cabo por el órgano electoral;
d. tener acceso a toda la información que requieran para el mejor desarrollo de sus actividades;
e. poder ingresar a los centros de votación y a las mesas electorales;
f. participar del monitoreo de las distintas fases del proceso de votación, escrutinio y transmisión de los resultados electorales;
g. tener acceso a los centros de cómputos electorales y a los locales de los órganos electorales;
h. recibir información sobre la forma en que se dirimen las disputas electorales o las que resultasen de la aplicación de los mecanismos de democracia directa;
i. tener garantías sobre la protección de su integridad física, y
j. ser escuchados por las autoridades electorales, en los términos y tiempos que se determinen.
Los órganos electorales tienen una gran responsabilidad en lo que, a promoción de procesos de educación y capacitación ciudadana sobre la democracia directa y la democracia participativa, respecta. Por ello, deben contar con los recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios para el desarrollo de esos procesos. La educación ciudadana debe ser continua y sistemática en estos temas en tanto y en cuanto influyen en el goce y participación de distintos derechos políticos amparados a nivel internacional.
