En el sistema penal acusatorio mexicano, la criminología ocupa un lugar paradójico. Normativamente reconocida como un saber auxiliar indispensable para la comprensión del fenómeno delictivo, en la práctica institucional su intervención suele ser marginal, fragmentada o reducida a formalidades administrativas. Esta disociación entre teoría, norma y realidad operativa fue uno de los ejes centrales abordados en una reciente clase abierta especializada.
El análisis permitió reflexionar sobre el papel que la criminología debería desempeñar en un sistema penal que, al menos en el plano constitucional y legal, se define como garantista, orientado a la reinserción social y contrario a cualquier forma de ejercicio autoritario del poder punitivo.
La criminología como saber crítico del poder punitivo
Desde una perspectiva técnica, la criminología no puede concebirse únicamente como una disciplina descriptiva del delito o del delincuente. Su función central es analizar críticamente el ejercicio del poder punitivo, los procesos de criminalización y las respuestas institucionales frente al conflicto penal.
Durante la clase se subrayó que, cuando el sistema penal prescinde de esta mirada crítica, corre el riesgo de reproducir prácticas autoritarias, incluso dentro de un modelo formalmente acusatorio. La ausencia de análisis criminológico en la toma de decisiones genera resoluciones desconectadas de la realidad social, del contexto del sujeto y de las causas estructurales de la conducta delictiva.
Sistema penal acusatorio y rezagos estructurales
Uno de los señalamientos más relevantes fue la persistencia de rezagos normativos, metodológicos y operativos en la aplicación del sistema penal. A pesar de la reforma constitucional, muchos de los manuales, criterios institucionales y prácticas administrativas continúan anclados en modelos previos, incluso anteriores a la transición al sistema acusatorio.
Esta falta de actualización impacta directamente en el papel de la criminología, que queda relegada a esquemas obsoletos, sin incidencia real en las decisiones judiciales, penitenciarias o de política criminal.
Criminología y reinserción social: una relación debilitada
El modelo constitucional de ejecución penal establece la reinserción social como finalidad del sistema penitenciario. Sin embargo, la clase evidenció que, en la práctica, este objetivo suele reducirse a un enunciado normativo sin contenido técnico suficiente.
La criminología debería ser el eje articulador de los programas de reinserción, al permitir:
Evaluaciones individualizadas del sentenciado.
Análisis del contexto social, familiar y económico.
Diseño de estrategias reales de no reincidencia.
Cuando estos elementos no se incorporan, la reinserción se convierte en una ficción jurídica y el sistema penal se limita a administrar castigo, sin impacto positivo en la seguridad ni en la prevención del delito.
Autoritarismo y ausencia de control técnico
Un punto particularmente crítico abordado en la sesión fue la relación entre falta de criminología aplicada y prácticas autoritarias. La toma de decisiones sin sustento técnico, sin evaluación interdisciplinaria y sin análisis del caso concreto abre la puerta a actos discrecionales que contradicen los principios del sistema acusatorio.
Desde esta óptica, la criminología no es un complemento opcional, sino un mecanismo de control racional del poder penal, indispensable para evitar excesos y arbitrariedades.
Implicaciones para el profesionista del Derecho
Para el abogado, el operador del sistema y el académico, esta reflexión tiene consecuencias directas. El ejercicio profesional responsable exige comprender que el Derecho Penal no puede operar de forma aislada, sino en diálogo permanente con la criminología, la sociología jurídica y la política criminal.
Ignorar esta interacción empobrece la práctica forense, debilita la argumentación jurídica y contribuye a la reproducción de un sistema penal formalmente acusatorio, pero materialmente punitivo.
Conclusión
La criminología, lejos de ser un saber accesorio, constituye uno de los pilares técnicos del sistema penal contemporáneo. Su ausencia efectiva en la práctica institucional no solo limita la comprensión del fenómeno delictivo, sino que compromete la legitimidad del sistema penal y vacía de contenido principios como la reinserción social y el respeto a los derechos fundamentales.
Recuperar su papel implica no solo reformas normativas, sino un cambio profundo en la formación de operadores jurídicos y en la forma de concebir el ejercicio del poder punitivo en un Estado constitucional de derecho.
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